Doctor Sergio Cuarezma destaca importancia de seguridad jurídica para la libre empresa
Por: Nohelia González
El derecho y la justicia son el presupuesto para el desarrollo de todo Estado, la seguridad en las inversiones, la consolidación de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, aseguró el doctor Sergio Cuarezma Terán, especialista en Derecho Penal, durante su exposición en el Coloquio sobre el futuro de la “dogmática del derecho penal y la reforma procesal penal”, realizado en México.
Según Cuarezma Terán, profesor del Instituto de Estudio de Investigación Jurídica (Inej), la seguridad jurídica es vínculo genético y funcional para el trinomio Estado-Empresa privada-sociedad. “Cuando dicha relación no cuenta con la seguridad jurídica, nace la corrupción y el empobrecimiento. Nadie invierte sin seguridad jurídica, de hacerlo los réditos son muy altos en corrupción”.
En relación a la seguridad jurídica de las inversiones económicas en los regímenes autoritarios, Cuarezma dijo que las empresas privadas en regímenes autoritarios pueden mantener relaciones armónicas y resolver controversias por medio del arbitraje, o excepcionalmente a través del acceso del poder, no obstante, se enfrentan al problema de la inestabilidad y la desconfianza, en tanto que no solo enfrentan pequeñas coimas que luego se vuelven grandes, sino también a confiscaciones o medidas que ponen en riesgo el capital invertido.
En este sentido el catedrático señaló que un país ideal para la inversión es aquel que ofrece reglas previas que dan certeza de que la inversión es para crecer y no para perder. “A la postre, los regímenes autoritarios o dictaduras son incompatibles con la empresa privada y los inversionistas exitosos, porque mientras estos tienen la visión de crecer, aquella (las dictaduras) les roba esa visión, porque se convierten en mafias paraestatales y emboscan a los empresarios en su actividad obligada con las instituciones del Estado y que quitan sus inversiones, a través de la corrupción”.
En el coloquio realizado en la Universidad de Guanajuato en México, en el que se le confirió al penalista español Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad de Olavide, España, el Doctorado Honoris Causa.
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