El valor de la Constitución Política

16 marzo, 2014

La Constitución Política es un símbolo integrador de  un país, en la medida que a su sombra, y no al margen,  se desenvuelve el dinamismo de la comunidad. Esta función es producto de una conciencia que entiende que la dialéctica política no debe rebasar los cauces del Estado de derecho,  y que tanto los derechos y libertades constitucionales, como el funcionamiento de los poderes públicos constitucionales, deben moverse dentro de aquél, es decir, dentro del marco integrador de la Constitución Política, límite para un  poder abusivo.

La Constitución Política debe contener ciertos estándares democráticos que aseguren que la relación entre el poder y la persona y las propias relaciones interpersonales se lleven a cabo con seguridad, dos de estos estándares lo representan la separación de poderes y el respeto de los Derechos humanos, o lo que es lo mismo, la existencia de un Estado de derecho. En la medida que la Constitución Política no configure ambos requisitos democráticos, la Constitución deja de ser símbolo integrador, y el Estado de derecho se degrada a un Estado de policía o totalitario. En todo caso, cuando la Constitución deja ser un espacio común de todas y todos pasa de ser un espacio integrador para convertirse en un espacio personal o partidario, que conduce inevitablemente a la consolidación de un sistema huero de valores democráticos y, por tanto, de compromiso por la Nación. Prevé, además,  la rotunda caída de aquel que ingenuamente piensa que está a buen resguardo.  Los franceses revolucionarios no se equivocaron: desearon y visionaron una gran nación, comprendieron que para esto era necesario crear un espacio integrador, en este caso, la propia Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: “la sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución” (art. XVI)

La Constitución representa la integración de las personas en la convivencia política, es un símbolo político superior porque ordena los cimientos básicos de dicha convivencia con arreglo a principios de justicia, libertad  y derecho, magnitudes imprescindibles para toda convivencia humana; e implica para las personas, un reducto de sus derechos, libertades (individuales y públicas) y sus garantías. Por esta razón, nuestro país, Nicaragua, tiene que aspirar que su Constitución Política sea un espacio integrador, común de todas y todos, y no de exclusión. Cuando la Constitución  se convierte o la convierten en un referente personal, será la Constitución de alguien, pero nunca, de una Nación.

“Los franceses revolucionarios no se equivocaron: desearon y visionaron una gran nación, comprendieron que para esto era necesario crear un espacio integrador, en este caso, la propia Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: “la sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución” (art. XVI)”

El reto es organizar y estructurar la convivencia política en torno a símbolos políticos integradores como la Constitución Política, que sujete al poder político, económico, entre otros, a los límites propios de toda sociedad democrática. No vamos a ningún lugar cierto con una Constitución  Política que no contenga lo que los franceses de 1789 idearon para estructurar un país bajo mínimos de estándares democráticos: separación de poderes y respeto a los derechos humanos, no proclamar ambos requisitos o bien proclamarles y no garantizarlos, sería lo mismo como no tener Constitución Política.

La propuesta es simple, o no debería representar mayor dificultad: Nicaragua si desea un sistema de vida democrático, en desarrollo y progreso económico y humano, tiene que construir una Constitución Política integradora que conjugue en su contenido las expectativas, intereses y visiones de todas y todos, sus aspiraciones de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana; de una sociedad vertebrada y activa en las tomas de decisiones públicas; un modelo de educación de calidad y competitivo, de un Estado de derecho, moderno y funcional que garantice  la seguridad jurídica de las personas y de las inversiones, y promueva el desarrollo económico, en fin, la articulación de todo aquello necesario para hacer una realidad la integración de todas y todos en un espacio común y seguro. Es decir, una Nación de y para todos.


 

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