El poder absoluto lleva a la tiranía, La Prensa, 15 de mayo de 2013

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y experto en Derecho Penal, Sergio Cuarezma Terán, y el constitucionalista Gabriel Álvarez Argüello analizan los últimos acontecimientos en el país

Freddy Potoy Rosales

Los allanamientos arbitrarios en la ciudad de Estelí, el acoso económico contra el Centro de Estudios Internacionales (CEI) —que dirige Zoilamérica Ortega Murillo— y la deportación abusiva del fotógrafo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Héctor Retamal, deja al descubierto que “el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra actúa bajo una concepción absolutista del poder para constituir un régimen tiránico”, valora el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez Argüello.

Considera que una de las causas de las últimas violaciones en el país es precisamente esa concepción absolutista del poder, que desemboca en el desprecio e irrespeto que rompe las leyes sin una necesidad práctica.

Álvarez sostiene que en Nicaragua hay un vaciamiento de las instituciones y esto ha llevado a la pulverización del Estado de Derecho, donde ahora las instituciones son cascarones y cuya principal función consiste en dar apariencia de legalidad a las actuaciones del todopoderoso.

El constitucionalista manifiesta que la institucionalidad de la Policía ha tenido un profundo deterioro de sus principios. El comandante Ortega prorrogó ilegalmente en el cargo a la primera comisionada Aminta Granera Sacasa, lo cual es un elemento que explica en buena forma el posterior proceso de descomposición de la Policía. Ella responde a un favor político del comandante Ortega y no a la legalidad, razón por la cual está más preocupada por preservar la voluntad de la que ella depende y no por defender el ordenamiento jurídico.

A eso hay que agregarle la partidarización de la Policía en todos los niveles y eso se ha visto en actos institucionales solemnes, donde hay banderas rojinegras, y eso tiene su significado.

Además, explica Álvarez, el retiro anticipado de altos jefes policiales que estaban comprometidos con la legalidad afectó el proceso normal de relevo de mandos clave para el fortalecimiento institucional.

“Asimismo, ha habido un debilitamiento de la figura de la ministra de Gobernación y se han fortalecido estructuras policiales que funcionan como feudos que responden directamente al comandante Ortega y no a la primera comisionada Granera, viéndose menoscabada su autoridad y el principio de jerarquía que rige a la institución”, dijo.

Agrega que todo esto ha producido violaciones a principios y derechos constitucionales, como por ejemplo la libre movilización, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES

En los allanamientos en Estelí se han violado garantías procesales propias de un Estado de Derecho y da la impresión que quienes tienen el poder ya no se preocupan porque los hechos parezcan aislados, sino que es una política institucional de la Policía, que sabe que goza de la impunidad cuando viola garantías procesales y otros derechos constitucionales, indica.

“Lo anterior lo veo en dos elementos: en el silencio de las autoridades policiales en varios casos, lo que se puede interpretar como una admisión implícita de las imputaciones, y en la ausencia absoluta de investigaciones de este tipo de acciones policiales. Una redada no es un hecho aislado, sino algo dirigido al más alto nivel. La Policía debe dar explicaciones de cada uno de los hechos donde ha habido violaciones a principios y derechos constitucionales y establecer sanciones”, destaca.

Esto es una represión institucionalizada que se ha visto en los últimos días y los distintos sectores del país no pueden seguir con este problema. Las fuerzas políticas, económicas, religiosas y empresariales deben hacer comprender al comandante Ortega que esto es el resultado de un sistema autoritario y, si no se vuelve a la legalidad, dentro de poco tiempo esto escalará y hasta podemos llegar a tener muertos, advierte el experto. Cuando el poder político se ejecuta como ahora, este se desborda y ejerce una política institucionalizada aberrante, sostiene Álvarez.

LA PRENSA INDEPENDIENTE Y LA SOCIEDAD CIVIL

“Hay dos aspectos que el comandante Ortega no ha resuelto: la libertad de prensa e información y la beligerancia de la sociedad civil. Con la libertad de expresión lo que ha hecho es comprar lo que ha podido de medios de comunicación y solo quedan LA PRENSA, Confidencial, Radio Corporación y pocos espacios más. Encima de eso, no invita a los medios independientes a sus actividades y, a los que se atreven a ir, los expulsa del recinto o del país, como ocurrió con el fotógrafo de la AFP”, comentó.

Álvarez dice que a la sociedad civil la trata de intimidar boicoteando a los organismos no gubernamentales (ONG) —y eso ha ocurrido por ejemplo con Cinco, MAM y la ONG de la señora Ortega Murillo, entre otros—, lo cual ha hecho de manera ilegítima para ahogarlos.

“Algunos de los aliados del comandante Ortega, como el empresariado, no le ponen mente a estos riesgos porque la prudencia política de ellos —que era válida en su momento— ahora se ha ido convirtiendo en una actitud torpe o complaciente. Ellos (los empresarios) creen que las cosas van bien y eso no es así. Al Gobierno no lo detiene nada a la hora de hacer una redada que, incluso, afecte al empresariado. El comandante Ortega ha sembrado, cuidado y regado la planta que ahogará al empresariado que no pone atención a estos problemas”, asegura el jurista.

“Hay una indefensión absoluta y esto debe obligar a todos a reflexionar sobre el deterioro de la institucionalidad del país y, si no hay un golpe de timón, esta situación escalará”, expresa.

“Si deseamos salvarnos de futuros y mayores abusos, hay que reencausarnos al orden constitucional”. Sergio Cuarezma Terán, exmagistrado judicial.

“Si deseamos salvarnos de futuros y mayores abusos, hay que reencausarnos al orden constitucional”.
Sergio Cuarezma Terán, exmagistrado judicial.

“El comandante Ortega no es un policía para dar órdenes de ejecutar o detener allanamientos y los abusos de poder no se resuelven con una disculpa. Lo preocupante es que las garantías procesales constitucionales y el Código Procesal Penal (CPP) ya son letra muerta, se cumplirán cuando a la autoridad política que manda a la Policía le interese, pero no para el resto de los nicaragüenses”, dijo.

El país esta viviendo lo que ha permitido. Desde hace años he advertido cómo nuestro Estado de derecho legal ha venido desmantelándose a tal punto que el poder está desbordado y fuera del cauce constitucional. A este poder fuera de control se le denomina Estado de Policía, la manifestación pura, cruda y dura del poder en contra de la persona. En este estado de cosas todos sufrimos sin excepción, desde el primer ciudadano hasta el pueblo y también las pocas instituciones creíbles, como la propia Policía. Si deseamos salvarnos de futuros y mayores abusos, hay que reencausarnos al orden constitucional, único referente para que la nación sea grande y próspera. Así lo analiza el doctor Sergio Cuarezma Terán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No dudo —dice Cuarezma Terán— que lo que hoy vemos a futuro se agravará, se agudizará. Toda causa tiene su efecto. Sin división de poderes, no hay libertad política; es decir, ningún ciudadano tendrá garantizado el derecho fundamental a su seguridad personal y jurídica porque el efecto del poder absoluto y sin control es el control absoluto de la vida, de la propiedad y del honor de las personas. El poder sin control anula a la persona, literalmente la mata. Esto nos conducirá más temprano que tarde a la paz de los cementerios. En los cementerios solo crece la maleza”.

El experto en Derecho Penal valora que este poder absoluto se ve alimentado por una serie de reformas y legislaciones que se han desarrollado en años anteriores y han venido a darles poderes mayúsculos a determinadas instituciones. Por ejemplo, el Código Procesal Penal (CPP) confiere a la Policía poderes extensos, que no están sujetos a ningún control judicial, porque dicha legislación anula la función del juez. Esto se ve agravado por el contexto que vive el país, en que los poderes están bajo control, y los jueces, igual que la población, encuentran su seguridad en el silencio.

“Es triste observar que las instituciones, a pesar de tener su marco jurídico conferido por la Constitución Política y la ley, no sean respetadas, y olvidan que, sin la supremacía de la ley, nuestro país no será capaz de crecer en ningún sentido. Donde no hay seguridad, no hay tranquilidad, solo personas acorraladas. El poder sin frenos no tiene amigos”, afirma Cuarezma.

¿Qué derechos y/o garantías se violaron en los allanamientos en Estelí?

Todo acto de allanamiento debe estar autorizado por el juez. La Policía o el Ministerio Público ante el juez deben de soportar su petición con elementos suficientes que le permitan a este tomar la decisión de ordenarlo o no. Deben “indicar las razones que lo justifican” (artículo 218 CPP) y, una vez ordenado, debe practicarse entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde (artículo 217 CPP). Y a la hora de practicarse, debe entregarse copia de la orden a quien habite en el lugar y se practicará procurando afectar “lo menos posible la intimidad de las personas (artículo 220 CPP)”. Pero esta garantía se ve burlada cuando el CPP expresa que, en caso de “urgencia”, el allanamiento se puede hacer sin autorización y luego dicho abuso será convalidado por el juez (artículo 246).

¿Qué establece el CPP para casos como los de Estelí?

Para que una investigación sea legítima, la Policía debe de respetar los derechos y garantías de las personas. En el caso en que se tengan noticias de que una persona realice un acto delictivo, deben iniciarse las investigaciones. Pero se le debe notificar a la persona que está siendo investigada desde el primer acto de investigación, para que esta a su vez nombre su defensor y lo represente en la investigación policial. Lo contempla nuestra Constitución Política, la ley y lo ha dicho la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Penal de la CSJ en las sentencias números 317-2009 y 20/2009, respectivamente: las garantías procesales “entran en vigencia a favor de la persona cuando esta adquiere la condición de imputado, la cual se adquiere cuando se realiza el primer acto de persecución en su contra”. No hay una sola regla que justifique a nadie actuar contrario a estos mandatos.

La Policía, sin pruebas, expuso a los ciudadanos al escarnio. ¿Pueden las víctimas del abuso de poder de la Policía promover una acción legal?

La Constitución Política habla de responsabilidades, no de disculpas, al expresar que los servidores públicos “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones” y que estos “son personalmente responsables por la violación de la Constitución… y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones”. Además, son responsables ante el Estado “de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”. Y por último, el Estado (entiéndase sus instituciones) “será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor”.

¿Qué opciones le quedan a la población que es atropellada por el poder?

Tener fe absoluta, la certeza de que tendremos pronto una nación grande y en armonía, que gozaremos de la bendición de vivir bajo un Estado moderno, respetuoso y al servicio de la persona, para que el pueblo pueda vivir en una auténtica democracia social, en verdadera prosperidad y desarrollo humano y económico, que todas las personas, sin exclusión, gocen de absoluto respeto a su dignidad. Personalmente, tengo la creencia, sin ninguna duda, que esto a lo que aspiramos llegará pronto. Nuestra inteligencia, actitud y energías deben apuntar hacia ese camino, no hay otro.

Recuperado de La Prensa


 

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