“Solo un ingenuo no tiene en cuenta la dinámica del tiempo y la historia de los dictadores”, expone el magistrado Sergio Cuarezma Terán
Por Eduardo Enríquez
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma Terán, no ha vuelto a poner un pie en su oficina desde el 5 de agosto de 2010 cuando salió acompañando a seis magistrados liberales en protesta por los abusos de los magistrados orteguistas que habían tomado el control de ese poder del Estado, cuando a partir del 11 de abril se les venció el período a los orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra. Estos abogados, amparados en un ilegal decreto presidencial primero (el decreto 3-2010) y en un párrafo constitucional que había expirado 20 años antes, se mantenían en funciones apoyados por sus correligionarios.
Cuarezma Terán y seis magistrados liberales abandonaron la Corte cuando los orteguistas insistieron en formar salas contando con los votos de los abogados usurpadores y la amenaza de sustituirlos con conjueces ilegalmente nombrados. La idea era no regresar hasta que la situación se normalizara con la elección de nuevos magistrados o la reelección de los magistrados actuales, pero de acuerdo con lo establecido por la Constitución.
Bajo el argumento de que “la calle está dura” los seis liberales del PLC regresaron mansamente a la Corte, incluso Dámicis Sirias, quien al igual que Cuadra y Solís, está ilegalmente en ese Poder del Estado.
Cuarezma decidió permanecer fuera para no ser parte de una situación ilegal e inconstitucional. Canceló la cuenta en la que le era depositado su salario para evitar que lo acusaran de seguir recibiéndolo mientras él no se integraba a la Corte, dinero que no recibe desde el mes de agosto del 2010.
Su período se vence en marzo de 2012 y aún está por verse si la Asamblea Nacional decide regresar por la ruta de la Constitución eligiendo nuevos magistrados o si decidirá continuar acatando las decisiones ilegales del presidente Daniel Ortega. Mientras tanto, esta es la posición de Cuarezma:
El país irá a unas elecciones cuyo sistema institucional está al margen de las reglas constitucionales y democráticas, pero irá a la urna y votará. ¿Cuáles son las consecuencias?
Las elecciones son de hecho un referéndum. Cada cinco años el país expresa su voluntad sobre su sistema político, determina quién lo gobernará y reafirma la democracia. La población sabe que sin perjuicio de las condiciones en que va a votar, debe hacerlo, porque de lo contrario ese derecho puede olvidarse y perderse. Por eso, hay que votar por Nicaragua. Aunque el sistema esté viciado y al margen de la Constitución Política, y aunque no sea nuestra intención, estaremos reconociendo con nuestro voto el deseo de reencauzar al país al orden constitucional.
¿Con el voto, la población legitima la cadena de ilegalidades desde el 18 de octubre de 2009 hasta la fecha?
Este proceso electoral puede permitirnos sentar cabeza y aprender como país de nuestros errores, de no hacerlo, corremos el riesgo de formar el club de los países con Estados fallidos como Somalia o Afganistán. El pueblo, independientemente de su identificación política, sabe que al ir a votar reconoce formalmente y legítimamente todo aquello que durante más de un año se ha denunciado de ilegal e ilegítimo, desde la reelección presidencial (prohibida por la Constitución Política) hasta el decreto del ejecutivo (inconstitucional) que prorroga en sus puestos a los 25 funcionarios que se les había terminado su mandato y, en consecuencia, aprueba los resultados o productos originados de la gestión de estas personas que han estado durante más de un año dentro de las instituciones estatales, sin ser autoridad ni funcionario público. Este es el costo que asume el pueblo para mantener con vida el derecho al voto. Y con el voto, determinaremos si nuestra realidad la cambiamos o seguimos con ella con los vicios.
¿Entonces el pueblo debe estar consciente de que este 6 de noviembre tiene una gran responsabilidad?
Claro, pero más consciente deben estar de su responsabilidad los líderes políticos, las autoridades de la administración pública, la sociedad civil, y la empresa privada de que el pueblo da una oportunidad para que el 6 de noviembre a través del voto el país se reinstitucionalice por el interés general del país. Es una oportunidad invaluable para reencauzar al país al orden constitucional, único camino para el progreso y crecimiento económico. El otro camino es la pobreza, la miseria, desintegración de la familia, la corrupción, el crecimiento de la criminalidad, mayor presencia del crimen organizado, la exclusión, la violencia.
¿Qué pasa con los 25 funcionarios con cargos vencidos?
Los 25 funcionarios no se pueden ver de manera independiente, si aceptás a uno los aceptás a todos, porque todos continúan en sus cargos bajo el mismo argumento, así que, si la mayoría de la población va a votar, estará reconociendo la conformación del CSE, y de paso, reconoce la conformación de la CSJ, Contraloría, etc. Pese a ello, si el deseo es que estas elecciones se acerquen a la legitimidad debería elegirse o reelegirse a los 25 funcionarios antes del día de las elecciones; si esto se hace después de las elecciones, el proceso se complica a corto y mediano plazo, porque todo intento de construir una oportunidad nace contaminado por el virus de la ilegalidad.
¿Qué podremos esperar después de las elecciones?
Primero, los líderes políticos deben de comprender que para mantener el equilibrio, la paz social y el desarrollo económico, deben de recordar que quien gane las elecciones no debe ganarlo todo, y que los que pierdan, no lo pierdan todo. El equilibrio es el éxito de un buen gobierno, el poder absoluto anuncia destrucción y atraso, la paz de los cementerios y al final, su propio derrumbe. Segundo, debe reencauzarse al país al orden constitucional y adquirir el compromiso, como en un pacto social, de respetar las reglas de la democracia que obligan tener normas previas y, por tanto, previsibles que puedan generar certeza de que nadie tiene más imperio que la Constitución Política y la ley. Tercero, si la fuerza política ganadora tiene los votos para hacer una reforma constitucional, tiene la oportunidad de convocar a una reforma constitucional o a una constituyente con visión de Estado, para crear las bases de un país democrático, incluyente y con proyecto de nación, pero si la hace a imagen de sus intereses, tendremos inestabilidad, el país profundizará su empobrecimiento, contradicciones sociales y políticas y terminando con una parálisis social.
Y si la reforma constitucional se hace a la medida de una persona ¿cuál es el futuro del país?
Pobreza y violencia. Confío en la mesura y madurez de nuestros líderes que de hacerla la sometan a la opinión soberana del pueblo. Parafraseando a Gandhi, los poderosos o los tiranos, pueden parecer por un tiempo invencibles, pero al final siempre caen. La historia está llena de estos ejemplos, desde Mussolini, Hitler, Trujillo, Somoza, pasando por Noriega, Saddam Hussein, Mubarak hasta Gadafi. Todos, hicieron un sistema a su medida, tenían poder económico, pero todos, cayeron. Solo un ingenuo no tiene en cuenta la dinámica y la dimensión del tiempo y la historia de los dictadores, que demuestra y nos enseña que el poder y el dinero pasan muy rápido de mano y con un alto costo de vidas humanas. Lástima que lo comprenden cuando ya han perdido el poder, y sufren el de otro.
¿Y cuál es la responsabilidad social del capital frente al gobierno de turno?
La receta para el éxito es que la empresa privada del país aspire a que en Nicaragua haya un auténtico Estado de derecho, que el poder esté sujeto a la ley, que dicho Estado le asegure reglas previas y claras que generen certeza y que a la hora de invertir no cambien y que haya un resguardo de la justicia independiente que permita ser el reaseguro de que el sistema funcionará sin variantes. El capital, como regla, es muy apegado con el poder, pero debe saber que cuando este cae o le da la espalda, también cae él o queda huérfano y tiende a desemboscar a la crisis económica. Por esta razón la empresa privada debe aspirar más que a la amistad con el poder que es coyuntural a la institucionalidad democrática que es permanente y brinda certeza y seguridad a sus inversiones.
“El pago que toda persona recibe por hacer una reforma constitucional a su medida, tarde o temprano, es la caída del poder y la rendición de cuenta ante la justicia nacional o internacional”.
Sergio Cuarezma, magistrado de la CSJ.
¿Cuáles son los factores para desarrollar el país?
El magistrado Sergio Cuarezma Terán, quien no se ha integrado a la CSJ para no avalar las ilegalidades en esa institución, explica que existe un factor fundamental para desarrollar el país: la institucionalidad. “Sin institucionalidad seremos una sociedad primitiva, que facilita la formación de dictadores para su control y dominación. Un protoestado dominado feudalmente por varios señores que rinden obediencia al poder absoluto del Rey”.
Según Cuarezma, “el país que aspira a crecer económica y socialmente debe tener institucionalidad, esto es entre otras cosas, supremacía de la Constitución Política y de la ley, división de poderes, respeto a los derechos humanos y control del poder a través de la justicia, Solo con estos elementos podremos salir hacia delante, crecer y progresar como nación. Estos factores son los únicos que pueden generar tranquilidad en las personas que cuando invierten lo hacen en algo seguro, estable y previsible; esta confianza se traduce en crecimiento y éxito para país”.
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